Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. Autoridades mexicanas violan los derechos humanos y criminalizan a los migrantes al mantenerlos en estaciones migratorias completamente aislados, sin importar que sean menores de edad.
Fortino López Balcázar, Presidente de la Asociación Internacional de Derechos Humanos, dio a conocer dos casos diferentes, el de una madre con sus tres hijos, retenida en la estación migratoria conocida como “El Puente” y el de 4 adultos que están en la otra estación, conocida como “La Cucaracha”, ambas pertenecientes al Instituto Nacional de Migración.
En cuanto al primer caso, denunció que existe una gran preocupación por la actuación del INM, de cómo está atendiendo a los migrantes que son detenidos.
“Realmente, el Instituto Nacional de Migración tiene una gran responsabilidad, un gran compromiso con la migración, el Gobierno Mexicano. ¿Por qué razón? Porque los migrantes son grupos vulnerables que están sujetos a protección internacional, más sin embargo, ya en la práctica, dista mucho incluso de la aplicación de la ley y de la actuación de las autoridades migratorias”,-expresó.
Se trata de una madre con tres menores, los cuales fueron detenidos por agentes de migración el día primero de diciembre de este año. Hasta la fecha permanecen en la estación migratoria del puente internacional Reynosa-Hidalgo.
“Los menores y su madre permanecen en dicho lugar, que no es un lugar adecuado para ellos, tan es así que la Ley de Migración claramente establece, sin lugar a duda que ningún menor de edad ni sus acompañantes, en este caso su madre deben ser ni detenidos ni alojados ni presentados en ninguna estación migratoria, ni siquiera en el DIF Municipal”,-añadió el defensor de los derechos humanos.
Dijo que lo principal es que la obligación del INM y sus representantes es que deben tomar cartas de inmediato, es decir, ponerlos en libertad, para lo cual hay un procedimiento que establece la Ley de Migración, que es la de darles salida por cuestiones humanitarias.
“Más sin embargo, van aproximadamente quince días y las autoridades no se han pronunciado ni se les ha dado la libertad, es decir, que lo podemos traducir en un grave abuso en contra de menores migrantes en la estación migratoria, sin ser este el único caso. Cada que llegan menores migrantes es el mismo procedimiento”,-subrayó.
Destacó que, viendo las condiciones en que permanece esta familia de migrantes guatemaltecos, López Balcázar procedió a solicitar un amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, pero éste determinó no concederles la libertad, sino dejar en manos del Instituto de Migración dicha decisión.
Según el litigante, la determinación que tomó el Juez Séptimo contrasta con la opinión del Juez Octavo de Distrito, cuando se supone que ambas instituciones deben seguir el mismo criterio de defender la libertad y los derechos de las personas.
De acuerdo con la ley, el INM debió tomar nota de su condición migratoria y liberarlos el mismo día, sin embargo, ya van dos semanas y permanecen asegurados en la estación migratoria que más parece un centro de detención o un búnquer a prueba de fugas.
“Ni siquiera los dejan ver la luz del sol, están en condiciones infrahumanas”,-dijo el Presidente de la AIDH.
La madre se llama Brenda Elizabeth, detenida con sus tres hijos menores, de los cuales López Balcázar se abstuvo de dar los nombres y apellidos, por motivos obvios.
El juicio de amparo que se promovió es el 1568/2021 ante el Juzgado Séptimo de Distrito.
“Le pedimos al Juez de manera respetuosa que verdaderamente haga su trabajo, que verdaderamente proteja los derechos fundamentales de los migrantes, y no que armonice su criterio con el Juez Octavo de Distrito, sino que norme su propio criterio protegiendo los derechos fundamentales, ya que la función del Juez de Distrito principalmente es proteger la libertad; no se está metiendo en cuestiones de migración, sino que es sobre la libertad,-apuntó López Balcázar. Desde el momento que dice que la libertad está a cargo del Juez de Distrito es porque él puede resolver sobre su libertad y no lo está haciendo. Entonces, es una gran irresponsabilidad por parte de una autoridad federal”.
El otro caso corresponde a un grupo de personas adultas, también guatemaltecas.
Cristian Arnoldo, Séfora Betsabé, Leandra Sorana y Sergio Gregorio (los apellidos se omiten por razones de seguridad).
Tras la detención y posterior permanencia en la estación migratoria ubicada en la sede del Instituto Nacional de Migración conocida como “La Cucaracha”, la AIDH tramitó un segundo amparo ante el mismo juez, con idénticos resultados.
“Al Instituto Nacional de Migración se solicitó su libertad desde el día dos de diciembre y hasta ahora no se tiene una respuesta. Es decir, que la libertad personal de los migrantes realmente al Instituto de Migración no le importa, y llegamos al mismo tema. Tal pareciera que lo hacen con el objetivo de castigarlos, de amedrentarlos, de criminalizarlos por ser extranjeros, es decir, discriminarlos”,-precisó.
La solicitud de libertad se basó en los Artículos 1 y 21 constitucional, donde, si no cometieron algún delito, no pueden estar detenidos.
Incluso si hay alguna violación de tipo administrativo, solo se les puede detener 36 horas o aplicarles una multa que no puede ser superior a un salario mínimo.
“Verdaderamente los están criminalizando por que su libertad, a la que ellos tienen derecho no se les está otorgando, se les está negando y además, en muchas ocasiones que se les fija una garantía, se les fijan entre 20 y 50 mil pesos, sin fundamento legal porque la Constitución prohíbe multas excesivas”,-concretó.
