Ciudad de México. Ante créditos impagables, con aumentos anuales en el saldo del deudor, los empleados federales que tienen un crédito hipotecario se enfrentan a la posibilidad de perder sus viviendas.
Al menos es lo que denunciaron en la plataforma Change.org usuarios que manifestaron su inconformidad y que buscan el apoyo de la población para hacer llegar sus inconformidades a los más altos niveles de gobierno.
Señalan:
Las personas que hemos obtenido créditos hipotecarios del FOVISSSTE confiando en que sería la opción más adecuada para asegurar nuestro derecho humano a una vivienda adecuada, nos enfrentamos al riesgo inminente de perder nuestro patrimonio debido al aumento anual en el saldo deudor, causado por la actualización del salario mínimo o del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y supuestos recargos por pagos que estima inferiores a los pactados, lo cual hace que la deuda sea insostenible año con año.
A lo largo de los extensos 30 años de la vigencia del pago de estos créditos (que básicamente corresponden a toda una vida laboral), se presentan numerosos desafíos en el pago, como la inestabilidad laboral por cambios de titulares o de administración gubernamental en las dependencias y organismos públicos, incertidumbre de los ingresos por discrecionalidad en el otorgamiento de plazas de trabajo y regulaciones en las remuneraciones, la limitada disponibilidad de alimentos de calidad a precios accesibles, largas y estresantes jornadas laborales sin desconexión digital en tiempos de descanso, propiciando riesgos a la salud y sobre exposición a la delincuencia.
Es decir, la vida diaria y los cambios de regulaciones a veces evitan que los pagos se mantengan en la cuantía inicial del crédito. ¡No es justo decidir si comer, atender la salud o tener un techo!
Además, existe una inequidad en la forma en que se otorgan estos créditos, especialmente para aquellos con empleos inestables o ingresos variables que, por estar etiquetados como puestos de confianza, aunque no lo sean, no reciben aumentos salariales de que disfrutan los trabajadores generales y son privados de prestaciones que eran ya un derecho laboral adquirido, en base a los cuales se establecieron compromisos de pagos.
Durante la vigencia del crédito, el FOVISSSTE no sólo considera el 30% del sueldo básico, que establece la ley como el sueldo de referencia en el tabulador regional correspondiente a cada puesto, tal como se pacta en el contrato de apertura del crédito con garantía hipotecaria, sino que registra saldos deudores cuando el sueldo es menor por políticas salariales ajenas a la voluntad de los acreditados y se niega a corregir los estados de cuenta, argumentando que las deducciones mensuales no pueden ser menores de una cantidad, cuando en realidad, lo que se pactó y firmó fue un porcentaje. Esto no tiene en cuenta el ingreso real de los prestatarios y nos coloca en una situación de insolvencia desde el inicio del crédito.
En resumen, el FOVISSSTE interpreta y aplica unilateral e ilegalmente ajustes a los contratos firmados, imponiendo cargas adicionales año tras año a través de actualizaciones automáticas que amenazan la supervivencia económica de los prestatarios. Esto va en contra de la obligación del Estado de proporcionar opciones de vivienda asequibles y seguridad patrimonial, como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en la Observación General Nº 4 (1991) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a una vivienda adecuada.
Es fundamental presionar al FOVISSSTE para que cumpla su propósito original y respete su visión declarada de ser una institución financiera líder en el mercado de vivienda, que opera esquemas de financiamiento acordes a las necesidades de sus derechohabientes, basados en principios como el respeto absoluto a los derechos humanos y el estricto cumplimiento de la legalidad.
De esta manera, se debe reconocer la ilegalidad de sus prácticas actuales, declarar la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los prestatarios del FOVISSSTE, y anular las actualizaciones automáticas en los estados de cuenta de los créditos hipotecarios, ya que no están respaldadas por los contratos firmados y se aplican sin el consentimiento previo y por escrito de los prestatarios en cada caso individual.