EDITORIAL
Con las leyes aprobadas recientemente por el Congreso, Tamaulipas se enfila hacia un régimen de excepción, donde el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado tendrá más poder que el propio Gobernador.
Los medios nacionales han hecho eco de esta situación insólita e inédita: UN gobernante saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, que no quiere soltar el poder y pretende seguir manipulando las instituciones aún después de concluir su período constitucional.
No quiere rendir cuentas y pretende blindarse con un escudo policiaco ante posibles intentos de detención, cuando pierda su fuero a partir del día primero de octubre.
Ni Cavazos Lerma, considerado por muchos como el gobernador más sagaz que ha tenido Tamaulipas, ni Tomás Yárrington, el más odiado, han tenido la capacidad para imaginar un régimen de excepción tal que les garantizara una especie de artificioso fuero para convertirse en un gobernante bis.
Y no lo hicieron porque, precisamente, ese era el espíritu del constituyente: Evitar la impunidad de los que se van.
A final de cuentas, son servidores públicos durante el tiempo que dura su cargo, son empleados nuestros, gatos, “famullos”, como decía La Criada Bien Criada.
Pero a final de cuentas, si el Gobernador Cabeza de Vaca no tiene nada que esconder, si sus cuentas están limpias, saldrían sobrando todas las maniobras realizadas desde el Congreso del Estado, que, está de más decir, está controlado por una mayoría panista que a su vez recibe órdenes directas de él.
No conozco antecedentes de algo parecido en los anales de la historia mexicana.
Estamos ante una nueva forma de mafia institucionalizada y el nuevo Gobierno tendrá mucho trabajo para corregir la serie de desviaciones que impulsó Cabeza de Vaca para su protección.