EDITORIAL
Cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmó aquel malhadado decreto para modificar la Ley Federal de Comunicación Social, no supo el alcance que tendría.
Su objetivo era cerrar la llave del presupuesto para los periodistas que durante más de 20 años han estado atacándolo de manera consistente, primero, para evitar que llegara a la Presidencia de la República y después, cuando en un tercer intento consiguió su propósito, coaligados con poderosos grupos económicos, siguieron con el golpeteo mediático y el intento de descarrilar su Administración.
Pero parece que López Obrador con cada golpe se hace más fuerte. Está blindado por el apoyo de millones de personas que aún creen en él. Especialmente por los beneficios otorgados a personas de la tercera edad en forma de pensión vitalicia. Tanto los viejitos como sus familias, están más que agradecidos con el Presidente por ese beneficio que ahora es constitucional.
Con este ejército de fieles seguidores, difícilmente podrán hacer mella, muy a pesar de que se ha demostrado y comprobado que no todo es miel sobre hojuelas en su gobierno.
Se consiguió el objetivo de cortar el suministro de recursos económicos procedentes del Presupuesto de Comunicación Social a nivel federal, estatal y municipal para los grandes mercenarios del periodismo.
Pero el efecto colateral fue que a lo largo y ancho del país miles de pequeñas empresas, entre periódicos, revistas, estaciones de radio, de televisión, portales informativos y trabajadores independientes de la comunicación se quedaron sin recibir el justo pago por sus servicios.
Los medios de provincia no participaron de modo alguno en el golpeteo que recibió López Obrador durante veinte años. Quienes lo hicieron fueron única y exclusivamente los poderosos medios nacionales que recibían mensualmente millones de pesos durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto para evitar su llegada a la Presidencia.
En provincia, los medios estatales y locales cubrían las giras que constantemente realizaba el hoy Presidente. Iban al aeropuerto, soportaban las inclemencias del clima, esperaban por horas y cuando finalmente arribaba López Obrador, obtenían la entrevista y la publicaban en sus respectivas plataformas.
En otras ocasiones eran actos masivos, y en todos ellos los medios de provincia difundían objetivamente su mensaje, sin ataques ni consignas.
Ahora, después de la publicación del decreto en el mes de diciembre, los periodistas de a pie llevan tres meses sin recibir la justa compensación por su trabajo, como cualquier otro proveedor de servicios.
Tales son los efectos de ese decreto, que los seguidores del Presidente llamaron “Ley Chayote”, pero que los periodistas conocen como “Ley Garrote”, porque el objetivo era castigar a los medios nacionales.
Solo que con ellos, también fueron arrastradas las pequeñas empresas informativas de provincia.
Al darse cuenta del error que cometido, desde la Presidencia de la República se giró la orden a los diputados y senadores del partido MORENA para que recularan, que emitieran una iniciativa para derogar la “Ley Garrote”.
La iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en la de Senadores, para su revisión.
Esa estrategia tuvo como objetivo ganar la delantera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual recibió desde meses atrás la solicitud de juicio de Controversia Constitucional por parte de las fracciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Así que, de momento, a los pequeños empresarios del país no les queda más que seguir aguantando hasta que la Cámara de Semadores apruebe y se publique en el Periódico Oficial el nuevo decreto que derogue el anterior, y así, obtener el justo pago por sus servicios de difusión institucional y creación de contenido.
El Gobierno Federal, el Estado, los Municipios y las dependencias oficiales tienen el derecho y la obligación de difundir sus actividades por todos los medios a su alcance, en apego al principio de Máxima Publicidad para garantizar que la mayor cantidad de ciudadanos se enteren de lo que hacen con el dinero asignado para el gasto público.
Han transcurrido tres largos meses. Tres meses que parecen siglos para las familias de miles de periodistas de todo el país.