EDITORIAL
No me gusta decir “se los dije”, pero se los dije.
La verdad es que odio siempre tener a razón. Como que a veces me canso, y no es justo. Hay que dejar que los otros también puedan tener la satisfacción de dar una de vez en cuando.
Y me refiero a lo siguiente: En el caso tan sonado del Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la última palabra, y es obvio de toda obviedad que su decisión la dará tomando en cuenta el espíritu del Constituyente y no las consignas de un juez corrupto.
Y el espíritu del Constituyente es el de dar a todo ciudadano el derecho de la defensa ante actos de la autoridad. Para ello se creó la Ley del Amparo.
Otro de los principios es el de presunción de inocencia. No puedes ser condenado si no hay una sentencia en firme y el juez no puede ordenar que se te quite ningún derecho si no te ha podido vencer en un juicio justo.
Pero además, si ese mismo juez violó un amparo, la determinación de la SPCJ, por sentido común, será ordenar a las instancias necesarias la restitución de los derechos político-electorales.
Que me corrija algún magistrado, jurisconsulto o doctor en derecho, si no tengo razón.
Desde hace varias semanas lo he dicho y lo sostengo. La ley tiene que acatarse, incuso por parte de los jueces.
De lo contrario, retrocederíamos a la época de la Santa Inquisición.
En aquella época bastaba que alguien acusara a otro de practicar la hechicería y de inmediato venían por él o ella los de la Santa Inquisición. Los llevaban ante un “jurado” y ahí se decidía su suerte, que era, generalmente, terminar en la hoguera o torturado de manera brutal.
Por eso las leyes son tan valiosas. Porque garantizan que todos los derechos de los ciudadanos estén a salvo, a menos que se les logre demostrar su culpabilidad mediante juicio justo y se le dicte sentencia de formal prisión.
Y aún dentro de la cárcel, puede apelar todavía a instancias legales para la revisión de su caso. Si el acusado cree que ha sido objeto de una maquinación legal a la que se prestaron sus juzgadores, puede acceder a una justicia más imparcial mediante cortes internacionales.
México ha firmados acuerdos de cooperación con organismos como la Corte Internacional de la Haya, Holanda, y tiene la obligación de ajustarse a sus dictados.
Lo que más me extrañó de este caso en particular -me refiero al juicio de Carlos Peña Ortiz, Alcalde de Reynosa- es que hubo muchos actores -abogados, políticos, periodistas y hasta uno que otro politólogo- que lo condenaron a la hoguera antes de que este pudiera agotar todas las instancias legales.
Cuando el INE le retiró temporalmente -porque es una decisión temporal- sus derechos políticos, todos cantaron a coro: “¡Ya no podrá ser candidato!”
El tiempo y la ley me han dado la razón.
No conozco todavía el dictamen de la SCJN, pero hasta un estudiante de primer tetra de la carrera de leyes sabe que en un juicio se tienen que agotar todas las instancia legales antes de emitir una sentencia en firme.
Y si no hay sentencia en firme hasta ahora, es imposible que la Suprema Corte avale algo que está en contra del espíritu del Constituyente y de la Ley de Amparo.
Órdenes de aprehensión sí que las ha habido, pero como todo acto de autoridad, el amparo sirve para evitar la detención arbitraria. Y si no te pueden detener para obligarte a que te sientes en el banquillo de los acusados, la sentencia condenatoria o absolutoria, de acuerdo con las pruebas que presenten las partes, tendrá que esperar hasta que se agoten los recursos legales que la Constitución permite.