Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. La disputa por la Cámara de Comercio de Reynosa llegó a otro nivel.
Cecilia Bueno, acusada por presuntos actos de corrupción y de hacer uso de más de 350 mil pesos del organismo sin justificarlos documentalmente, entró esta tarde, poco después de la una, a las oficinas de la Cámara, acompañada de su abogado, Marcelo Olán y del Notario Público número 304 de esta ciudad, Roberto Borges Figueroa.
En el interior estaba el Vicepresidente de Comercio, Gildardo López Hinojosa, el Tesorero Advento Soca Garza y el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Roberto Ruiz Isassi y otros integrantes del Consejo Directivo.
Un día antes, Cecilia Bueno fue separada de su cargo en Asamblea del Consejo, con el aval de la Comisión de Honor, tras analizar las pruebas presentadas en su contra.
“Pérdida de confianza”,-argumentó López Hinojosa, en entrevista con medios de comunicación, al señalar que ese fue el concepto por el cual se le separó de sus funciones.
La disputa por la dirigencia de la CANACO de Reynosa viene de varias semanas atrás.
Todo empezó cuando la socia de ese organismo empresarial, Odette Ruiz Melhem denunció que la entonces Presidenta le había encargado la compra de unas computadoras, tras lo cual se le quedó debiendo cierta cantidad.
En ese entonces, sostuvo que Cecilia Bueno le sugirió que inflara el costo de los aparatos y el excedente fuera repartido entre las dos, cosa a la que Ruiz Melhem se negó.
Días después, derivado de esa acusación, se determinó que había una cantidad de dinero que no había sido justificada por la Presidenta, procediendo a solicitarse la intervención del Consejo Directivo y la formación de una Comisión de Honor y Justicia para analizar las supuestas anomalías.
Ayer, tras el dictamen de la Comisión, el Consejo Directivo determinó separar del cargo a Cecilia Bueno, dándole un plazo de tres días hábiles para sustentar los gastos de referencia.
MAL USO DEL DINERO: GILDARDO LÓPEZ
Gildardo López Hinojosa, quien fue designado en la reunión de ayer del Consejo como Presidente interino, apuntó que la CANACO pasa por problemas del mal uso del dinero.
“Hubo un desvío de algunos recursos por parte de la Presidenta Cecilia Isabel Bueno Salazar y bueno, el Consejo nombró una Comisión de Honor y Justicia para que esta Comisión realizara una auditoría y le diera un camino a lo que está sucediendo”,-aseveró.
Dijo que la auditoría arrojó denuncias por parte de comerciantes, de los vicepresidentes del Consejo además de denuncias de otra consejera y de personal administrativo, éstos últimos, por acoso laboral.
“Vemos que no hay una participación por parte de la Presidenta de querer hablar con el personal, con nosotros, con la señora Odette o con algunos demandantes que tuvieron problemas con ella”,-sostuvo López Hinojosa.
Y cómo no. Como resultado de una denuncia interpuesta ante el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, Adscrito al Centro de Justicia para Mujeres, Roberto Gaytán Fonseca, Cecilia Bueno logró obtener una orden de restricción en contra de Gildardo López, dentro de la carpeta de investigación 1775/2023 ante supuestas amenazas.
En el documento se indica que “el investigado C. Gildardo López Hinojosa, representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima C. Cecilia Isabel Bueno Salazar” y más adelante se especifica que es por el delito de amenazas hacia su persona.
ARGUMENTOS
La Comisión de Honor y Justicia, al vencerse los tres días de plazo que otorgó a Cecilia Bueno para presentarse con la documentación que sustente el destino de entre 350 y 380 mil pesos, estaba a la espera de que ésta se presentara, ya sea sola o acompañada de su abogado.
Exactamente a la 1:23 horas, tocó el timbre de la puerta que da al interior de la CANACO. No le querían abrir, sin embargo, Cecilia Bueno, su abogado y el notario aprovecharon que iban a salir unos reporteros para ingresar al edificio, donde esperaban presentar los documentos requeridos.
Gildardo López permanecía dentro del recinto, motivo por el cual Cecilia Bueno solicitó la presencia de la policía a fin de solicitarle que abandonara el lugar.
Mientras tanto, en el salón de sesiones, el abogado Marcelo Olán y la propia interesada subieron con los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia, Roberto Ruiz Isassi y Eduardo Salinas Ulloa para presentar los documentos que le fueron solicitados.