Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. Con un decreto, el Gobierno de la 4T busca acabar con las pequeñas empresas periodísticas que dan trabajo a miles de familias a lo largo y ancho del país.
El llamado “Plan B”, que incluye modificaciones a la Ley de Comunicación Social, cercena de manera brutal el presupuesto destinado a la difusión de actividades municipales y estatales, pero deja abierto a que sea el Gobierno Federal el único que pueda publicitar todo tipo de programas de manera casi ilimitada.
Los senadores panistas Xóchitl Gálvez e Ismael García Cabeza de Vaca comunicaron que la mayoría de los municipios y entidades del PAN, además de los legisladores de ambas Cámaras, preparan desde ahora sendas controversias constitucionales, puesto que el decreto viola la autonía de los Estados y municipalidades.
Para dar una idea, Cabeza de Vaca planteó que en un municipio como Reynosa, que tiene cerca de 2,300 millones de presupuesto anual, actualmente se destinan poco más de 54 millones a Comunicación Social.
Con las recientes modificaciones, las entidades de gobierno solo tienen autorizado el 0.1% de su presupuesto, y en Reynosa bajaría de 54 a apenas 2.5 millones anuales para difusión de actividades institucionales en los medios locales, incluyendo periódicos, difusoras de televisión, de radio y portales informativos.
Gálvez apuntó que se esperan amparos en masa de las pequeñas empresas, las cuales quebrarán si no se da marcha atrás a esa ley.
Cabeza de Vaca, por su parte, dijo que después de participar en la plenaria de su partido en Guanajuato, los legisladores panistas están sumamente preocupados por cómo el Gobierno Federal está tratando de ahorcar la comunicación en el país.
“Estamos viendo que el único que va a tener acceso a publicar y promocionar los programas sociales va a ser el Gobierno Federal, porque lo que está haciendo es ahorcar a los municipios”,-planteó.