Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. Para que las autoridades ministeriales tengan las herramientas necesarias y disminuyan los delitos de extorsión y similares, la COPARMEX, la Mesa de Seguridad y Justicia y la organización México S.O.S. promueven la penalización de los mismos.
Actualmente, las denuncias por extorsión o por cobro de piso suele clasificarse junto con otros delitos de bajo impacto, pero para las empresas es necesario que se endurezcan las sanciones, ya que es un rubro que ha crecido mucho en los últimos años.
En el caso de los secuestros, la creación de una Fiscalía Especializada y un organismo dedicado a su atención, permitió que bajaran los indicadores nacionales.
En rueda de prensa, representantes de esas organizaciones ciudadanas presentaron los avances en la gestión para que la Cámara de Diputados presente la iniciativa.
Jorge Peñúñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de COPARMEX, manifestó que están haciendo un trabajo constante no solo señalando, sino coadyuvando para la solución de los problemas.
“Me referiré solamente a uno de los delitos de alto impactoq ue más aqueja a nuestra sociedad, que es el que tiene que ver con la extorsión, dado que el primero de abril del 2023 se registraron 3,473 víctimas de extorsión, es decir, poco más de una víctima por hora. Tan solo en el 2022 se registraron 11,042 víctimas de extorsión. Se trató del total anual más alto desde que se inició el registro”,-apuntó.
Sin embargo, dijo que eso no refleja la realidad nacional acerca de ese delito, porque hay un importante subregistro o cifra negra por falta de denuncias.
“Según datos del INEGI se trata del 96.1%, por ello es que me complace aprovechar este evento con la finalidad de anunciar a ustedes que estamos trabajando de la mano con la diputada Juanita Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) y con la propia Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana para tipificar y unificar este delito que tanto aqueja a la sociedad”,-recalcó.
Este proyecto permitirá que se castigue a quienes incurren en delitos de extorsión, principalmente en la modalidad de cobro de piso.
Se pretende que se presente una iniciativa de reforma constitucional al Artículo 73, Fracc. 21 para que se incluya el delito de extorsión y el Congreso de la Unión pueda legislar en la materia, a través de una ley general que permita tipificar y unificar el tipo de delito como aplicación general en los Estados y Municipios.
En la conferencia de prensa estuvieron también el Director General de México S.O.S. y de la Red Nacional de Mesas de Seguridad en el País, Orlando Camacho Ascenta, el Coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, José Calanda Montelongo, la Presidenta del Centro Empresarial de Reynosa, Sandra Valentina López Hernández y el Coordinador General de la Mesa de Seguridad y Justicia de Reynosa, César Amílcar López González.
Entre otras cosas, mencionaron la necesidad de que la ciudadanía coadyuve con el castigo de esos delitos mediante la denuncia.
Valentina López expresó que a nivel local, de acuerdo con datos oficiales, el delito de cobro de piso tiene un impacto del 30% del costo operativo de las empresas, donde es muy común que lleguen a cerrar a causa de amenazas de grupos de la delincuencia organizada.
Se espera que una vez aprobada la nueva ley antiextorsión, se castigue a los delincuentes con penas de entre 10 y 20 años, dependiendo de la modalidad.
En general, se considera que uno de cada tres empresarios del país han sido víctimas de delitos de extorsión.
Los Estados con mayor problemática en ese tema son el Estado de México, Michoacán, Baja California Norte y la Ciudad de México.