EDITORIAL
Reynosa, Tamaulipas. Tal vez como una forma de escarmiento, de ejemplo para otros o como una forma de hacer “justicia”, dentro de la lógica criminal, circula en redes sociales un video donde una prostituta es interrogada y después ejecutada de un balazo.
Se ve a la chica sentada en una brecha de terracería, al parecer, en un paraje del Estado de Nuevo León, de noche, iluminada por los focos de un vehículo, atada de las manos con cinta plateada y cubiertos los ojos con el mismo material.
Su edad, 29 años. Pelo largo, negro y desordenado. Camiseta gris y short negro. Sin zapatos.
Sus captores la interrogan con gritos:
-¡Nombre!
……..
-¿Edad?
-29.
-¡Domicilio!
……..
-¡Motivo por el cual estás aquí!
-Prostitución con (…).
-¡Lugar del destacamento (…) donde pasabas información!
El interrogatorio continúa por espacio de 52 minutos. Al terminar, hay unos segundos de silencio que se rompen con un disparo de arma de fuego. La chica cae con el impacto hacia atrás.
No se escucha que la joven responda con voz quebrada, como toda persona que sabe que su vida está amenazada. En todo momento contestó con firmeza a las preguntas que se le hicieron.
Al final del material audiovisual se muestra una fotocomposición de tres imágenes con la misma mujer y un individuo con vestimenta militar.
El material sin censura, presumiblemente tomado con un teléfono celular por los mismos miembros de la Delincuencia Organizada, se hizo circular en las redes sociales abiertas, como WhatsApp.
De acuerdo con su contenido, la prostituta solía tener como clientes a miembros de la DO y posteriormente transmitía información a la corporación referida.
Este tipo de ejecución son muy comunes. El lunes pasado, martes fueron hallados los cadáveres de doce personas distribuidos en la zona urbana de Monterrey, envueltos en bolsas de basura.
Existen dos puntos de vista sobre la forma en que se debe tratar a los delincuentes sanguinarios y desalmados: La primera, defendida por el Presidente de la República, donde se les debe proteger sus derechos humanos, y la segunda, defendida por reconocidos juristas a nivel nacional e internacional, como Eduardo Martínez Bastida, autor del libro “Derecho Penal del Enemigo” o Günther Jacobs, el primero que acuño esa definición, donde el criminal ha renunciado por su propia voluntad a la condición de ser humano y se le debe tratar en consecuencia.