Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. Luego de la farsa en que se ha convertido la Asamblea Universitaria y todo el proceso para “elegir” al próximo Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, finalmente se concretó la imposición de Guillermo Mendoza Cavazos, un ex porro que es señalado de enriquecimiento ilícito y de participar en la red de corrupción del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca.
De manera casi unánime, como ocurre siempre en las instituciones u organismos antidemocráticos, como el Sindicato Petrolero, el 90% de los docentes y el 75% de los estudiantes que integran el Consejo Universitario votaron para que Mendoza Cavazos esté al frente de la Máxima Casa de Estudios por un período de 4 años, con opción a reelegirse.
Esa opción no le fue permitida al anterior Rector, José Andrés Suárez Fernández, quien pasó sin pena ni gloria, puesto que a él no se le vincula con la red de complicidades.
Suárez Fernández sale relativamente limpio, pero entra un Rector a modo del Gobernador para que la UAT continúe como “caja chica” del primer círculo.
Quedó en el camino la maestra Luisa Álvarez Cervantes, quien, a pesar de saber que jamás la dejarían participar, quiso dejar constancia de la serie de irregularidades en que se incurre al momento de elegir a las nuevas autoridades. Llamó “un vacío jurídico de los consejos técnicos” al hecho de que no se permita la participación de la oposición en igualdade circunstancias y condiciones.
Aun que la UAT es una institución autónoma, depende de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado para la autorización de los proveedores de servicios, incluyendo la difusión de sus actividades en medios de comunicación.
Desde el 2018, integrantes de la Cámara de Senadores solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación que revise el presupuesto asignado a las universidades e institutos de educación superior que ejerzan recursos públicos federales.
En una nota publicada en el sitio comunicacion.senado.gob.mx el 4 de diciembre del 2018, pidió a la Secretaría de Educación Pública que solicite a estas universidades e institutos que cumplan con sus obligaciones de transparencia, mediante mecanismos eficaces para el acceso a la información sobre la aplicación y destino del presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal.
Por ahora, el hecho de que una instancia del Gobierno Federal intervenga en las finanzas de la UAT o cualquier otra universidad pública, representa una violación a su autonomía, y ya hay voces en el Congreso que piden se elimine dicho blindaje para que los rectores puedan rendir cuentas y se les sancione como corresponde a quienes hacen mal uso de los recursos públicos.