-Exige diputada de Morena aclarar señalamientos a titular de Finanzas de la UAT, Franklin Huerta
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas. Crece la controversia en el caso que destapó la diputada local de Morena, Magaly Deándar Robinson, sobre la venta de un vehículo de lujo por parte del titular de Finanzas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Franklin Huerta Castro, ya que hasta el momento nada se sabe de lo que aparenta ser una transacción irregular.
Desde el pasado mes de octubre, la legisladora morenista dio a conocer una denuncia de manera anónima, en la que se revela la venta, catalogada como chatarra, de una camioneta Jeep Cherokee Limited de Lujo 4×2, que tenía un valor real de 713 mil pesos.
De acuerdo a la denuncia, ésta fue vendida por el Secretario de Finanzas de la UAT, Franklin Huerta, por una cifra irrisoria de 12 mil 500 pesos, quien autorizó el remate de unidad motriz valuada en 713 mil pesos, y que de manera casual terminó en manos de su esposa, quien la adquirió en 12 mil 500 pesos.
“Al día de hoy, no sabemos quién compró los siete autos de la UAT, a quiénes invitaron a la “subasta” y quién pagó”, declaró la diputada local de Morena, Magaly Deándar Robinson.
Hasta ahora, la defensa del secretario de Finanzas de la UAT, Franklin Huerta Castro sólo se basa en dichos y actos de buena fe, pero ningún documento oficial que pruebe su inocencia.
Al reunirse con la Comisión Anticorrupción del Congreso de Tamaulipas, el funcionario reconoció que el rector Guillermo Mendoza Cavazos utiliza cinco vehículos de alta gama (de lujo con valor cercano al millón de pesos), a pesar de la austeridad.
Deándar Robinson dijo que es inexplicable que se vendan los autos de lujo y una de las beneficiarias sea la esposa de Huerta Castro.
“El único pago es el de derechos por 12,571 pesos, pero no hay un solo comprobante, no tenemos el fallo de licitación, los invitados y quiénes adquirieron los siete vehículos vendidos por la UAT en mayo de este año”, subrayó.
En su comparecencia ante los diputados, Huerta Castro presentó documentos testados (que impiden verificar los datos), donde ocultan los números de serie de los vehículos, el nombre de los tres participantes en la subasta de la Universidad.
“Esto es violatorio de la Ley de Transparencia porque toda licitación de los entes del estado deben ser públicos”.
La diputada reiteró el llamado enérgico para que la Mesa Directiva del Congreso remita la denuncia y las evidencias presentadas a la Comisión de Anticorrupción del Congreso, Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.