El campamento de migrantes en la Plaza de la República cuando apenas iniciaba la ocupación.
Migrantes centroamericanos haciendo fila para recibir atención médica.
La organización internacional Médico Sin Fronteras monitorea las condiciones de salud de los migrantes en la Plaza de la República.
Por Jerry Zu
Reynosa, Tamaulipas. Se cumple un año de que la Plaza de la República, ubicada a menos de cien metros del puente internacional Reynosa-Hidalgo, en esta fronteriza ciudad de Reynosa, fue ocupada por unas sesenta familias centroamericanas.
En un principio solo querían estar cerca para estar pendientes del llamado de las autoridades a su solicitud de asilo político, sin embargo, con el transcurso de los días se vio que su estancia en ese lugar se prolongaría indefinidamente.
En las siguientes semanas y meses, más y más personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña y hondureña se fueron sumando, conforme iban llegando oleadas de migrantes.
A la fecha, de acuerdo con datos no confrontados de las autoridades, hay más de 3 mil, de los cuales fácilmente el 40% son menores de edad.
La situación de este grupo de migrantes, que sobreviven en condiciones de insalubridad, hacinamiento y promiscuidad, ha preocupado a organizaciones internacionales, como Médicos Sin Fronteras.
Se han reportado violaciones de niños, golpes, venta de drogas y presencia del crimen organizado en ese conglomerado humano que ocupa apenas una cuadra de extensión.
En un reporte del 7 de septiembre del 2021, Médicos Sin Fronteras señala que la presencia de los migrantes en la frontera norte de México es “uno de los símbolos actuales del fracaso de la política migratoria de Estados Unidos y México. Más de 2,000 personas acampan al aire libre, en pésimas condiciones de hábitar, con un acceso limitado a los servicios básicos y expuestas a graves riesgos de seguridad. De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, se trata de una grave situación humanitaria que no está recibiendo respuesta por parte de las entidades encargadas”.
Agrega la ONG en su página oficial que la mayoría de esta población, entre la que se encuentran mujeres solas, embarazadas, niños y niñas, adultos mayores, población LGTBIQ, indígenas y no hispanoparlamente, ha sido expulsada de Estados Unidos por medio del Artículo 42.
“Esta política es una flagrante violación al derecho internacional que usa la pandemia de COVID-19 como pretexto para bloquear rápidamente a las personas que buscan protección en este país y retornarlas directamente de regreso a ciudades fronterizas de México, con el beneplácito del Gobierno Mexicano”,-indica.
Con el paso de los meses, otros grupos humanos se fueron sumando. Con casas de campaña o viviendas levantadas con cartones, tablas y cobijas, aún están en espera de que las autoridades norteamericanas reabran su frontera para admitir a los miles y miles de solicitantes de asilo político.
Países como El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, son grandes expulsores de migrantes debido a las condiciones de pobreza extrema, inseguridad y corrupción.
A la fecha existe un proyecto para su reubicación a un nuevo refugio migratorio, a unos tres kilómetros al poniente, cerca de la margen del río Bravo, sin embargo, cuando se les pregunta si accederán a reubicarse, muchos de ellos se muestran renuentes, debido a la cercanía que actualmente tienen con el puente internacional.