Por Jesús Rivera
Solo países con régimen autoritario como China, Arabia Saudita, Afganistán, Corea del Norte, Cuba o Venezuela, cuentan con un sistema de control como el que fue aprobado en México.
Bajo el argumento de combatir los delitos de extorsión y secuestro cometidos mediante el uso de teléfonos celulares, el Senado autorizó en lo general y en lo particular el dictamen mediante el cual se crea el padrón de datos biométricos de los usuarios de telefonía celular.
Con esta ley, los propietarios de líneas telefónicas móviles tendrán la obligación de registrar sus huellas digitales, el iris de los ojos y la voz ante las compañías proveedoras del servicio, lo que para algunos legisladores de la oposición constituye un “Big Brother”.
Al respecto, el Presidente de la Asociación de Abogados de Reynosa, A.C., Juan Martín Silva Domínguez, expresó que se trata de entrada de una violación al Artículo 16 de la Constitución “porque se quebranta al momento de que nos están molestando a nuestra persona con finalidades siniestras, diría yo, porque no sabemos cuál es el objetivo”.
Agregó que para hacer cualquier reforma de esta naturaleza, con la cual personalmente no está de acuerdo, se tendría que modificar el 16 constitucional porque es uno de los artículos torales que tienen los ciudadanos contra los actos autoritarios de gobierno.
“Definitivamente yo me opongo y estoy en desacuerdo porque se viola diametralmente la Constitución. Ahora, yo pienso que el Gobierno Federal, vamos a pensar en su buena intención de combatir la delincuencia telefónica o cibernética, yo siento que debería utilizar los mecanismos un poco más laxos para no lastimar a quienes no cometemos delitos a través de esas vías. Yo pongo como ejemplo que el Gobierno Mexicano a través de estos mecanismos está amputándole la pierna a una persona porque tiene un uñero. Ahora, el peligro latente para todos los ciudadanos es que si a ti como ciudadano, a ti como persona que tiene su línea telefónica registrada biométricamente te roban el celular, porque es muy fácil hacerlo, y con tu teléfono, con tus datos biométricos, hacer cualquier barbaridad”,-expuso.
De ocurrir eso, será el ciudadano el que tenga problemas mientras se aclara el ilícito.
Por lo anterior, recalcó que se trata de una medida anticonstitucional, que vulnera los derechos de los ciudadanos, como ocurre en otros países de corte autoritario.
¿Y qué se puede hacer?
Según el Presidente de la Asociación de Abogados de Reynosa, al ser una ley flagrantemente anticonstitucional, lloverán amparos contra la autoridad que emita esa resolución, cuando ésta se ponga en vigor.
“Se estará cometiendo violación a la privacidad, a la intimidad y no con ello nos garantiza el Estado que nos va a proteger, porque repito: Fácilmente el delincuente que quiera cometer un delito a través de los medios electrónicos o telefónicos, pues los van a robar”-subrayó el legista.
Por ejemplo, los internos de los centros de reclusión seguirán pagando por teléfonos robados.
Si eso continúa, los propietarios van a salir perjudicados si se cometen delitos con sus datos biométricos.
El hecho de que también las autoridades podrán acceder a la ubicación del aparato en tiempo real, representa una medida controversial.
Para el abogado Martín Silva Domínguez, también está de por medio la presunción de inocencia, uno de los pilares del sistema judicial del país.
Si con el padrón del INE, que contiene datos biométricos, se ha comprobado que se pueden robar y vender para cometer delitos,-finalizó.