Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. En una primera impresión, los comerciantes e importadores de autos usados de la frontera consideran que el nuevo decreto para legalizar, registrar o regularizar los autos “chocolates” es una buena medida para la población.
A pesar de que este tipo de vehículos pueden ser utilizados por delincuentes para cometer delitos, la gran mayoría de ellos constituyen instrumentos de trabajo para millones de empleados a lo largo de la frontera, tanto de la maquila como de otras actividades productivas.
Un vehículo forma parte del patrimonio familiar, y es imprescindible para realizar las más importantes tareas: Ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, ir a surtir el mandado, salir de vacaciones, etc.
Un vehículo nuevo, definitivamente, está fuera del alcance de la mayoría de los habitantes de este país.
A diferencia de los de fábrica, un auto usado, o como en el caso de los “chocolates”, de procedencia americana, se pagan en una sola exhibición, con precios que van de los diez mil a los 150 mil pesos, de acuerdo con las condiciones y modelo.
Por el contrario, para adquirir un vehículo americano es necesario dar un enganche que ordinariamente supera los 50 mil pesos, mensualidades de entre 4,500 y 10 mil pesos, durante cinco años y anualidades similares al enganche.
A final de cuentas, un auto nuevo que cuesta 180 mil pesos, tiene un costo final de cerca del millón, ya con los intereses y los impuestos aplicados.
Para Hugo Jofre Chávez, el decreto beneficiará a millones de personas a lo largo de la frontera, aunque no precisamente a las empresas importadoras, puesto que muchos de esas unidades han pasado o seguirán pasando de manera ilegal a territorio mexicano.
Mencionó que esperarán en los próximos días para conocer el contenido completo del documento que firmó ayer el Presidente de la República para emitir una opinión al respecto.