Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. En lugar de hacrse solidario con la población de Tamaulipas, fuertemente afectada por la crisis y la pandemia, el Gobernador decidió vetar el decreto emitido el 7 de diciembre por el Congreso de Tamaulipas en el que se deroga el Inciso B de la Fracción 1 del Artículo 73 de la Ley de Hacienda del Estado, para eliminar la obligación del canje de placas cada tres años.
De esa manera, los automovilistas, en conjunto, tendrán que desembolsar 453 millones de pesos.
El Gobierno del Estado, por medio de la Secretaria de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna, dijo que en caso contrario, se tendría que pagar una indemnización de 160 millones de pesos a la empresa contratada para elaborar las placas.
Unas horas antes, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Armanzo Zertuche Zuani, alertó a la población en general para no dejarse sorprender por ese tipo de engaños, ya que no existe un contrato, o al menos, no se ha hecho público, en el que se establezcan las condiciones en que se pagaría la posible indemnización a la empresa contratada.
El veto del Gobernador representa un golpe más a la economía familiar, toda vez que los propietarios de vehículos deberán desembolsar el monto relativo a la compra de las nuevas placas, lo que resulta completamente innecesario porque las láminas actuales aún están en buenas condiciones.
El canje de placas trianual fue una medida que se puso en vigor en el país al necesitar el Gobierno de la República, antes de 1968, recaudar recursos para los gastos de organización de las olimpiadas de ese año.
El cobro se quedó y eso ha representado para las familias mexicanas un gasto extraordinario.
En momentos en que cualquier ahorro es bienvenido, el Gobernador del Estado, con su veto, asesta una puñalada más a la de por sí depauperada economía de los tamaulipecos.