Madrid, España. (Agencias). Con la operación de venta de 12 centrales de ciclo combinado de gas, (15 unidades de generación) y un pequeño parque eólico al Estado mexicano que suman 8.539 MW, Iberdrola pone fin a años de tensión en un país en el que venía siendo sometida a un claro acoso por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su programa electoral, la formación política del actual presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), había prometido que hasta un 55% de la generación de electricidad estaría en manos públicas. O, visto a la inversa, que la participación del sector privado se limitaría al 45%.
López Obrador lo intentó mediante una reforma legislativa que la oposición política mexicana rechazó en el Congreso hace ahora un año. Pese a que los activos que ha comprado a Iberdrola por 6.000 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros) solo representan un 12% de la generación, esta cuota ha servido al Gobierno para cumplir con el citado 55%. Y, aunque no ha sido una nacionalización de derecho, sí lo ha sido de hecho. No en vano, el mandatario, mexicano así lo calificó en un mensaje en Twitter tras conocerse el pacto.
El acoso a la energética española, que ha tenido un final feliz teniendo en cuenta el precio recibido por unos activos con poco recorrido en la estrategia de descarbonización de la compañía (600 euros/MW) y la menor exposición a un país con riesgo regulatorio, que han aplaudido analistas e inversores, se fue sustanciando en numerosos pleitos y conflictos que, según la información ofrecida ayer por la compañía, implican a cuatro activos con una capacidad de 1.400 MW.
De entrada, el grupo que preside Ignacio Sánchez Galán, se enfrentaba en los próximos años a la posible negativa del Gobierno a renovar las concesiones de unas plantas que Iberdrola comenzó a construir a finales de los años 90 y cuya vigencia es de 25 años.
De hecho, los contratos de interconexión de las centrales de Monterrey y Enertek, que se encuentran entre las cedidas, habían terminado en 2022 y el Gobierno de López Obrador había rechazado la solicitud de renovación de Iberdrola.
Además de una multa a Iberdrola Monterrey por unos 467 millones de dólares, suspendida temporalmente a la espera de juicio, la filial que gestiona la central de Topolobampo instó un arbitraje contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el que esta compañía le reclamó daños por 185 millones de dólares.
Las filiales de la energética española habían sufrido también un incremento de los cargos por el uso de las redes de distribución de CFE, por las que se elevaban estas tarifas en 187 millones de dólares. Una medida que había impugnado Iberdrola.
La monopolista
La CFE, que no tiene su equivalente en España, es una energética 100% estatal y monopolista verticalmente integrada. Cuenta, entre otros, con activos de generación, distribución y comercialización (suministra con tarifa regulada a los consumidores mexicanos). Con el inicio de la liberalización energética, se dio entrada a empresas extranjeras, caso de Iberdrola, que construyeron principalmente centrales de ciclo combinado de gas, que seguían ligadas a la CFE con contratos de suministro eléctrico a un precio fijado por la mexicana.
De hecho, de los 8.400 MW que forman parte del acuerdo de desinversión, 7.400 MW corresponden a ciclos que revenden su energía a CFE. Para cerrar el círculo, el gas que utilizan estas plantas (principalmente de Pemex) lo suministra también aquella compañía, que después adquiere la electricidad producida en ellas.
Iberdrola prevé que la operación se cierre a finales de este año, una vez superados los trámites administrativos. Por el camino, la compañía espera cerrar en el primer semestre la compra de la estadounidense PMN, de Nuevo México, cuya transacción fue vetada a finales de 2021 por el regulador del Estado,una resolución que Iberdrola llevó a los tribunales.
La compra de los activos, articulada a través del fondo estatal Mexico Infraestructure Partners (MIP), cuenta con la financiación de dos entidades públicas (Fonadin y Bancos de Desarrollo). El pago no computará como deuda pública pues se recurrirá a financiarla a través del sistema eléctrico, señalan las mismas fuentes.
Los inversores celebraron ayer la operación por la que Iberdrola se desprende de la mayor parte de la generación térmica en México, tras el acuerdo de venta de 12 centrales de gas al Estado. Así la cotización de la energética cerró en 11,705 euros por acción, tras subir un 2,45%, y se situó en máximos desde enero de 2021. También los analistas valoraron una transacción realizada “a un precio justo”, según un informe de Santander, que la consideró “una buena noticia”, dados los problemas políticos “que estaba sufriendo Iberdrola en el país”.
En una conferencia ante analistas, el director de Desarrollo Corporativo, David Mesonero, subrayó que con esta operación, más del 90% del plan de rotación de activos a 2025 está asegurado. La compañía debe buscar ahora oportunidades y reforzarse en Estados Unidos y Europa para restablecer la cartera perdida en México, esencialmente. Si bien, mantiene su cartera de 6.000 MW de renovables en un país “con alto riesgo regulatorio y bajas perspectivas de crecimiento”. Además del recorte de la deuda, los fondos obtenidos le servirían para financiar, entre otros, su esperada compra de PMN en Nuevo México.