Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. Ante la posibilidad de que un juez federal admita las pruebas presentadas por CILA y se proceda al desalojo de instalaciones que invaden el cauce del río Bravo, como el albergue de migrantes “Senda de Vida”, se hizo llegar a la Comisión Nacional delos Derechos Humanos (CNDH) un recurso de queja donde se argumentan tres principios fundamentales contenidos en las leyes de este País: El Interés Superior de la Niñez, el Derecho a la no Discriminación y el Derecho a la no criminalización.
Fortino López Balcázar, abogado defensor de los migrantes que se encuentran en esa casa de atención, argumentó que el referido albergue tiene una función humanitaria de interés nacional e internacional, “ya que da refugio a personas migrantes reconocidas internacionalmente por su vulnerabilidad; da refugio a personas que no se pueden valer por sí mismas, como son los menores de edad, las mujeres embarazadas, adultos y niños con diferentes grados de discapacidad, personas de la tercera edad que de por sí ya viven ahí porque no tienen familiares quienes los atiendan”.
En el documento que se presentó a la CNDH, se establece que los migrantes quieren estar en ese albergue en tanto son llamados para pedir asilo político en Estados Unidos.
“Que le ruegan y le imploran a las autoridades que no los desalojen ni demuelan el albergue, que mejor busquen alternativas porque sí las hay cuando se buscan. Piden que hagan un estudio de la edificación pero para mejorarlo, rediseñarlo con salidas de emergencia, reforzar su barda para evitar que no desvíe el cauce del agua del río y ¿por qué no? equiparlo con tecnología, colocando alarmas que anuncien un posible riesgo de altos niveles del cauce del río”,-se señala.
López Balcázar agregó que a la fecha no hay otras instalaciones apropiadas para albergar a este grupo de personas, si es que son desalojados.
Recomendó que dada la importancia que tienen esas instalaciones y a que existe un monitoreo del río las 24 horas, hay el tiempo suficiente para ordenar un desalojo temporal, si existe una creciente y regresar posteriormente, ya que haya pasado el peligro.
A la fecha, hay un promedio de 600 personas en ese albergue, de los cuales, un promedio de 250 son niños.
Se pide a la CNDH que haga una investigación en torno a este caso y emita medidas cautelares para efecto que la autoridad no realice estos actos.
Añadió que los migrantes están expuestos a todo tipo de peligro y hasta discriminación, porque al menos en Reynosa ya se han inmunizado contra el COVID-19 a personas entre 18 y 39 años y a la fecha no hay un programa de vacunación para ellos.
“Recordemos que existe el Interés Superior de la Niñez y es lo que debe anteponerse ante cualquier otra acción, incluso ante la aplicación de un Tratado Internacional, que en este caso sería injusta e inhumana su aplicación”,-concluyó.