Por Jesús Rivera
Tras la demanda de amparo formulada por migrantes centroamericanos, el Juzgado Séptimo de Distrito decretó la “suspensión de oficio y de plano” para que autoridades no procedan al desalojo y demolición del complejo de edificaciones del albergue “Senda de Vida”.
Wady Abimael López Mejía y Heidy Johana López Garay y sus dos hijos de 10 y 2 años de edad, Anagil Martínez Aguilar y su hija de 13 años. así como Cristian Noé Nerio García y sus dos hijos de 12 y 8 años, firmaron la petición, en el oficio que se presentó ante la Secretaria del Despacho, demanda que quedó registrada con el folio 9782.
Los actos reclamados son:
-El desalojo del albergue “Senda de Vida”, ubicado sobre la calle del Bordo de Protección, sin número, colonia Carmen Serdán y Ruiz Cortines en esta ciudad, lugar en el que actualmente se encuentran alojados.
-La demolición del mencionado albergue ordenado por las autoridades responsables.
La Comisión Internacional de Límites y aguas (CILA) reclamó el desalojo del inmueble para posteriormente proceder a su demolición y retorno al cauce normal del río, debido a que existe un acuerdo binacional que impide construir sobre el lecho del río Bravo.
Para ello solicitó a diversas autoridades para que cesen las obras de construcción que actualmente se desarrollan y sean desalojadas las instalaciones.
En el documento de “suspensión de oficio y de plano” que emitió el Juzgado de Distrito, los demandantes indicaron que se encuentran alojados en el albergue “Senda de Vida”, el cual se ubica sobre la calle del Bordo de Protección, sin número, colonia Carmen Serdán y Ruiz Cortines, en esta ciudad.
CILA, sin embargo, insiste en que todo el complejo se encuentra dentro de zona federal, en el área de impacto del río Bravo, en el lecho mismo del afluente que se utiliza para canalizar las demasías y evitar inundaciones hacia el resto de la ciudad. (En la fotografía, al norte de la línea roja/bordo de contención).
De hecho, David Negrete Arroyo, titular de la parte mexicana de CILA, reconoció que no solamente esas instalaciones están dentro de la zona de impacto del río, sino que hay colonias enteras, como la Ampliación Carmen Serdán y estructuras gubernamentales, tanto de la Aduana como de CAPUFE, sin embargo, éstas últimas sí cuentan con el permiso de CILA, porque no hay un riesgo implícito para grupos grandes de la población, como son los dos primeros casos.