Por Lic. Alberto González Káram
COMBATE ILÍCITO COMBUSTIBLES
• México detectó mercado ilegal de combustibles por 47 millones de barriles y 64 mil millones de pesos de pérdida anual de ingresos producto del contrabando y evasión de impuestos federales
• Combate mercado ilícito de combustibles generaría incremento en recaudación fiscal por más de 91 mil 400 millones de pesos anuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)
México combate el mercado ilícito de combustibles con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El combate del mercado ilícito de combustibles se llevará a cabo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, así como para restringir y prohibir las importaciones, exportaciones y tránsito de productos, artículos con carácter urgente, a fin de regular el comercio exterior, economía del país y estabilidad de la producción nacional en beneficio de nuestro país,
La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), entró en vigor para México el pasado 29 de septiembre de 2023, donde se establece la posibilidad de implementar medidas administrativas, cuando sean necesarias para la prevención de la delincuencia organizada transnacional.
México tiene como principios básicos en las relaciones de consumo la protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.
La Ley de Comercio Exterior establece la necesidad de regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando se estime urgente, así como establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mercancías.
Las etapas de la cadena de valor de la industria, incluida la importación, se debe cumplir desde el punto de vista jurídico, administrativo, comercio exterior, energético, fiscal y ambiental, a fin de garantizar la seguridad operativa, industrial y de protección medioambiental, de tal forma que no existan prácticas ilícitas o irregulares que pudieran propiciar el mercado ilícito de combustibles y contrabando de gasolina y diésel.
Es importante destacar que las prácticas ilícitas representan un riesgo a la seguridad, salud, bienes de la población, medio ambiente, instalaciones y medios de transporte que se encuentran en los radios de afectación por explosiones, incendios, derrames, fugas, entre otros, en aquellos lugares donde se realiza un manejo inadecuado, en perjuicio del interés público y social.
En México se ha identificado que, en el desarrollo de las prácticas ilícitas de combustibles, se importan diversas mercancías para alterar o adulterar petrolíferos, tales como la gasolina y diésel, en contravención de la normativa aplicable.
La importación de combustibles de menor costo en relación con gasolina o diésel que cumplen con la normativa, se procede a su mezclado en instalaciones de trasvase, intermodales de almacenamiento, distribución, expendio al público y de autoconsumo, así como en otras instalaciones o medios de transporte, con lo cual altera o adulteran la composición de los petrolíferos e hidrocarburos respecto de su especificación autorizada, a fin de obtener con su venta, comercialización, distribución, expendio al público y consumo final, mayores ganancias o beneficios económicos, en detrimento de quienes llevan a cabo actividades lícitas, afectando a los consumidores y Hacienda Pública.
El combate a los delitos en materia de hidrocarburos han dado buenos resultados, aunque han surgido nuevas variantes en la comisión de las conductas delictivas como la introducción al país de mercancías que se declaran con una fracción arancelaria que no corresponde a la mercancía que realmente se ingresa, así como el ingreso de mercancías sin contar con los permisos expedidos por autoridad competente, donde omiten el debido pago de contribuciones, en perjuicio del Fisco Federal y del interés público y social, por lo que es necesario combatir estas nuevas conductas para su erradicación.
Las prácticas ilícitas o irregulares de combustibles propician la comisión de delitos en las distintas etapas de la cadena de valor como la comercialización, transporte de petrolíferos que no contienen las especificaciones normativas, falsificación de facturas, pedimentos, cartas porte, certificados de origen, certificados de calidad, robo de combustibles, evasión fiscal y otros delitos en materia de hidrocarburos.
Los actores privados del sector energético, respaldado por empresas especializadas en servicios de análisis químicos de productos petrolíferos han publicado información donde se asegura que hasta un 80 por ciento de los combustibles analizados fueron adulterados.
Por parte de los analistas internacionales de mercados energéticos que han revisado el comportamiento de los mercados de importación, exportación y comercialización de combustibles de transporte, identificaron operaciones atípicas, mezclado ilícito de combustibles y vacíos regulatorios que derivan en la omisión o violación de la normatividad.
En el combate de las prácticas ilícitas, se realizaron revisiones extraordinarias en algunos puntos de internación al país, logrando demostrar y comprobar que sólo el 25 por ciento de las importaciones analizadas correspondían a gasolina y diésel que cumplían con la normatividad, mientras que 75 por ciento eran otras mercancías cuyo volumen de importación registrado no tiene justificación, debido al excedente en 40 veces el volumen que usa la industria nacional como materia prima.
México detectó que el mercado ilegal de combustibles ascendió a 47 millones de barriles y 64 mil millones de pesos de pérdida anual para el Fisco Federal derivados del producto de importación que se ingresa al país como contrabando y sin pagar impuestos correspondientes.
Los cálculos actualizados basados en la demanda, crecimiento de la economía y parque vehicular, se estima que, de resolverse la problemática del mercado ilícito de combustibles, contrabando de gasolina y diésel, generaría incremento en la recaudación fiscal por más de 91 mil 400 millones de pesos anuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las medidas exitosas en el combate al robo de combustibles (huachicol) se han generado ahorros superiores a 231 mil millones de pesos, siendo necesario continuar con la implementación de medidas para atacar nuevas conductas delictivas y combatir el mercado ilícito de combustibles provocado por la alteración o adulteración de petrolíferos y la comisión de otros delitos en materia de hidrocarburos.
El uso indebido de diversas mercancías que se utilizan para mezclarlas de manera irregular con hidrocarburos o petrolíferos, genera ineficiente combustión en los motores de vehículos, lo que provoca un incremento en los contaminantes ambientales, aumento de precursores de ozono, emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes de vida corta, lo cual ocasiona daños a la salud de la población y medio ambiente.
En el uso de los combustibles adulterados que se comercializan o distribuyen, provoca daños en los motores de los vehículos, sistemas de lubricación, transmisión, combustión, transporte y almacenaje de combustible y aditivos, conversión catalítica, admisión y escape, refrigeración, lubricación, encendido, eléctrico y control computacional, diseñados para utilizar diésel o gasolina en más de 55 millones de vehículos en el país, independientemente de los riesgos de explosión, incendios, derrames y emisión de gases, mismos impactan la integridad y salud de la población y el medio ambiente.
Las dependencias responsables del combate al mercado ilícito de combustibles son la Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina y Guardia Nacional que apoyaran a las secretarías de Economía, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como al Servicio de Administración Tributaria, Agencia Nacional de Aduanas de México, a la Comisión Reguladora de Energía, Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mismas que realizarán ajustes a los registros, padrones, sistemas y plataformas, físicos o electrónicos, referentes a la importación y trazabilidad de las mercancías, así como realizar los ajustes necesarios a la regulación y cualquier otra acción para su cumplimiento correcto, adecuado, oportuno y efectivo.