EDITORIAL
Reynosa, Tamaulipas. Tras el decreto que en los últimos días de diciembre aprobaron los diputados federales de MORENA, y puesto en vigor tras su publicación en el mes de febrero, hubo una cascada de demandas de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De conformidad con tales demandas, el citado decreto limitaba a un minúsculo 0.1% del presupuesto para Comunicación Social de Municipios y Estados, mientras que la Federación podía despacharse con la cuchara grande, con 8 mil millones de pesos para repartir. Pero no solamente es inequitativo, sino que viola el pacto Federal, al no respetar la autonomía de dichos entes gubernamentales.
La llamada “Ley Garrote” contra los periodistas, que el Presidente López Obrador llama “Ley Chayote”, forma parte de un conjunto de reformas englobadas en el llamado “Plan B”. La Suprema Corte ha echado abajo en las últimas semanas algunos artículos importantes y se espera que la “Ley Chayote” sea una de ellas.
El caso es que los diputados federales de MORENA, los mismos que autorizaron la restricción presupuestal para Comunicación Social y violaron el principio de autonomía, ahora se echan para atrás y aseguran que este jueves 23 derogarán el citado decreto.
Lo más probable es que así ocurra, pero no por mérito de los legisladores de MORENA, sino por la presión tan grande que ejercieron grupos de la sociedad civil y los propios periodistas para que se respete la autonomía de Municipios y Estados.
Lo que revelan las afirmaciones de los legisladores leales al Presidente no es una graciosa concesión de ellos hacia los medios de comunicación, sino una actitud acomodatacia, al ver que era inminente que la Suprema Corte dé garrote a la “Ley Chayote”.
A partir de que se derogue el decreto presidencial, los autoridades municipales y estatales, en pleno goce de su derecho de decidir cómo quiéren hacer llegar a los ciudadanos su información institucional, definirán los montos que se destinarán a Comunicación Social conforme a sus necesidades.
No está de más señalar que se trata de un triunfo de la democracia contra el centralismo y la imposición.
Existe otro principio constitucional que establece la máxima publicidad para temas como el electoral o la publicidad oficial. Eso significa que el gobierno y las instituciones, en sus tres niveles, están obligado a garantizar que su información llegue a la mayor cantidad posible de ciudadanos, para que estos estén debidamente informados y puedan tomar decisiones que beneficien a todos.
Ya sea por medio de la televisión, la radio, la prensa escrita e Internet, es necesario que el derecho a la información esté presente en un país democrático como el nuestro.
La derogación de la “Ley Chayote” es un paso atrás en el intento de llegar a un gobierno dictatorial, puesto que la prensa es un contrapeso en el ejercicio del poder.