Por Jesús Rivera
-Preven amparos en cascada
Reynosa, Tamaulipas. Miles de pequeñas y medianas empresas de comunicación del país se preparan para ampararse ante las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social implementadas por el actual Gobierno Federal, que reduce hasta el 0.1% del presupuesto de las entidades públicas para que se destine a ese rubro.
Eso representa la desaparición de millares de portales informativos a lo largo y ancho del país, por ser la publicidad oficial parte importante de su ingreso.
De acuerdo con el decreto que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor a partir del 1 de febrero pasado, “la propaganda gubernamental debe ser de carácter institucional, tener fines informativos, educativos o d orintación social; corresponder al interés público y ser objetiva, oportuna, necesaria, clara, útil, accesible e incluyente. El concepto de publicidad oficial a que se refieren otras disposiciones nacionales o instrumentos internacionales, debe entenderse como propaganda gubernamental o como Comunicación Social con cargo al presupuesto público, etiquetado específicamente para fin por un Ente público.
Son Entes públicos al cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, los Entes públicos que integran a los tres poderes de la Federación, de las Entidades Federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, así como los órganos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la autonomía y de cualquier otra institución o entidad de carácter público”.
Las adecuaciones reglamentarias correspondientes deberán estar listas en un plazo no mayor de 180 días hábiles a partir de la publicación del decreto.
Como respuesta a lo anterior, en redes sociales ya empieza a haber opiniones de ciudadanos que aplauden el que se elimine el presupuesto para comunicación social y que ese recurso se destine a salud pública o educación.
No obstante, la desaparición de los pequeños y medianos medios de comunicación, principalmente los de provincia, implica dejar en manos del gobierno todo lo referente a la comunicación social, es decir, que la población en general solo recibirá la información que al gobierno le interesa difundir, lo que a la larga decaerá en vicios más profundos que los que se pretende combatir.
En los últimos años, debido a anteriores reducciones presupuestales, incluso medios formales de comunicación, impresos, radiofónicos y portales de Internet han tenido que reducir sus gastos mediante el despido de personal.
La crisis ha obligado, por ejemplo, a periódicos locales como El Mañana y La Prensa, a imprimir cada vez menor número de páginas y emigrar al formato digital, que implica muchos menos gastos.
Se trata, ya a corto plazo, de la monopolización de la comunicación por parte del Gobierno Federal.