Matamoros, Tamaulipas. Julio César Almanza Armas; prosecretario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de Mexico (CONCANACO/SERVYTUR) señaló que para cualquier código penal del mundo, la violencia que se vivió en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California son acciones terroristas y el modo de operación no tiene ninguna diferenciación en lo que realizó el ETA en España, o lo hace el Estado Islámico en la actualidad; señaló.
Explicó que la decisión para el Gobierno de Mexico de aceptar que existe el terrorismo en el país implicaría la pérdida de tratados internacionales y afectaciones serias en sentido económico; impactando ademas al turismo, por lo que es mejor para el gobierno negar minimizar y ocultar que reconocer; sin embargo aclaró que no es posible tapar el sol con un dedo y la violencia histórica que se vive en Mexico debe ser tratada de manera clara como es; señalado que lo que esta viviendo la sociedad Mexicana ya no es una violencia social normal y constituyen claramente actos de índole “terrorista”.
Ante esto Julio Almanza; explicó que el pretender ocultar o minimizar el “terrorismo mexicano” es tan peligroso como el mismo terrorismo por lo que el gobierno debe reconocer qué hay un problema que va creciendo y que demanda acciones más contundentes que implican un propio reconocimiento oficial del problema y no su negación sistemática; así como una modernización en la legislación de terrorismo que permita su fácil catalogación; con fiscalía especializada y cuerpos de élite para combatirlo.
Recordó que Amnistía Internacional define el terrorismo como “ataques dirigidos de forma deliberada contra la población civil, o que no distinguen entre civiles y otros objetivos” y refirió de manera clara que eso es lo que ya está pasando en Mexico aunque se le quiera disfrazar con otro nombre.
“En el artículo 139 del Código Penal Federal de México se afirma lo siguiente. Terrorismo: “A quien utilizando (…) explosivos, o armas de fuego (…) o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.”