Por Jesús Rivera
Reynosa, Tamaulipas. El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas emitió un comunicado esta mañana donde denuncia la obstaculización del proceso de transición por parte del actual gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Entre otros puntos, el documento señala que el pasado 29 de julio de este año presentaron diversos medios de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revocar una vez más la serie de actos inconstitucionales e ilegales cometidos por los legisladores del PAN, siendo los siguientes:
-Se impugnó el decreto 65-182 que establece que para inscribirse en el Padrón de Proveedores estatal o municipal, los interesados deberán cumplir el requisito de exhibir una constancia de antecedentes de no corrupción. Esto vulnera la prohibición de no discriminación y el principio igualitario, así como las garantías de libertad de oficio y libre empresa.
-Esto restringe los derechos económicos de los ciudadanos, dado que aún sin ser culpables de uno de los delitos de hechos de corrupción, si no exhiben la constancia, no podrán inscribirse en el padrón de proveedores estatales y municipales. Hoy dicho padrón se encuentra repleto de empresas fantasmas del PAN y con contratos con sobreprecios.
-Se impugnó el decreto 65-183 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación el Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
-Lo mencionado en el párrafo anterior tiene como objetivo eliminar o modificar, sin justificación, violentando diversos derechos y principios constitucionales, atribuciones al ejecutivo de la entidad, así como modificar la integración y adscripción de diversos órganos que tienen competencias y facultades fundamentales y diferentes en el Estado, incorporándolos a la Fiscalía Estatal a través del sometimiento de aspectos inseparables de su competencia a otros poderes.
-Esto no es nuevo. Sistemáticamente se han denunciado abusos de poder en los que se ha convertido el proceso legislativo de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, al amparo de la aplicación errónea, ilegal y contraria a principios constitucionales ante esa Suprema Corte. Dichos actos de barbarie, los cuales al haberse expedido con el mismo modus operandi, sufren de los mismos vicios de la ilegalidad que los anteriores.
-En ese sentido, continuando con el cúmulo de ilegalidades, se está luchando en contra del decreto 65-184 relacionado con el Servicio Público del Agua y que pretende modificar la Ley de Aguas para eliminar en los Consejos de Administración de los organismos municipales, es decir, la representación de 3 personas del Municipio, las cuales son expertas en los rubros del servicio, bajo el absurdo de que ya se encuentra el Presidente Municipal en el Consejo, así como eliminar a los dos representantes estatales, quienes eran expertos en el rubro y pertenecían a las Secretarías afines a la prestación del servicio, para incrementar en 2 a los representantes sociales, cambiando de manera trascendental la integración del Consejo, de 11 a 7 personas.
-Es decir, se deja el poder de decisión, por mayoría de votos, al sector social y privado, que si bien son pieza fundamental para delinear la política que deberá seguirse en la prestación del servicio de aguas, deja fuera del ámbito de decisión efectiva al propio Municipio, lo que contraviene de manera cierta y directa lo que establece el Artículo 115 constitucional, pues priva al Municipio de la facultad de decidir respecto de la prestación efectiva del servicio de agua y del monto o cobro de los derechos de este.
Debido a lo anterior, la bancada de MORENA en el Congreso del Estado considera que el PAN, o el Grupo Parlamentario del PAN, controlado por el Gobernador del Estado, “trasgrede la adecuada transición del gobernador saliente al gobernador electo, ya que vulnera su derecho de efectivo acceso al desempeño del cargo”.