-Reforma en materia de subcontratación debe eliminar malas prácticas: COPARMEX.
Por Jesús Rivera
La COPARMEX se pronunció a favor de una reforma en materia de subcontratación (outsourcing) para eliminar vicios y simulaciones de algunas empresas, sin embargo, alertó sobre los efectos que podrían traer sobre más de 3 millones de empleados que laboran bajo este esquema.
Los problemas detectados son:
- Falta de coordinación entre las autoridades administrativas por cuanto a la emisión de las opiniones de cumplimiento positiva se refiere.
- Si bien es cierto que se han emitido resoluciones de carácter temporal, como lo es el caso de INFONAVIT, con la finalidad de no obstaculizar el proceso de registro e inclusive brindando la posibilidad al solicitante para que dentro del plazo de 60 días pueda regularizar sus adeudos, esto ha provocado un retraso significativo para que las empresas obtengan su Constancia en tiempo y forma.
- No se distinguen aquellos servicios u obras especializadas de los servicios complementarios o compartidos prestados entre empresas de un mismo grupo corporativo.
- No han sido emitidos criterios definitivos que permitan a las empresas diferenciar aquellos servicios que son sujetos de registro ante el REPSE de aquellos que pueden considerarse de naturaleza mercantil o civil, provocando con ello una saturación en la plataforma y, por ende, una dilación en su operatividad.
El organismo empresarial dio a conocer su postura en torno a dicho proceso y presentó los siguientes planteamientos:
- Estamos conscientes que el objetivo primordial de esta reforma es eliminar las malas prácticas ante las cuales muchas empresas se valían del uso de la figura de Subcontratación para eludir sus responsabilidades laborales, fiscales y sociales. De igual forma entendemos que la intención es buscar que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores quienes ante tal abuso habían sufrido un detrimento en sus condiciones generales de trabajo.
- Las empresas han transitado con el ánimo de ajustarse a la reforma; sin embargo, el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad al sector privado, donde claramente existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno a quienes se les dio como concesión un plazo al 1o de enero de 2022.
- Ante tal circunstancia, el Poder Judicial de la Federación ha concedido suspensiones provisionales a las empresas que han interpuesto una demanda de amparo por tales hechos, por lo que la autoridad judicial ha considerado dicha disposición transitoria como violatoria a los artículos 1° y 4° Constitucionales, pues ello implica que para unos entre en vigor en un momento y, para otras, en uno distinto.
- Bajo esa tesitura, hacemos un llamado a la autoridad laboral y al Poder Legislativo a fin de homologar los plazos otorgados a la iniciativa privada al 01 de enero de 2022, con la finalidad de estar en posibilidad por parte de las empresas para llevar a cabo la transición con sus empleados y/o contratos de servicios especializados con sus proveedores y así cumplir cabalmente con la normatividad vigente. Además, esto puede brindar a las autoridades el tiempo para hacer aquellos ajustes operativos y tecnológicos para la implementación total de la reforma, ante las claras deficiencias que al día de hoy han quedado patentes para la obtención de las Constancias de Aviso de Registro ante el REPSE.
- No debemos perder de vista que, cuando se iniciaron las negociaciones y mesas de diálogo entre los diferentes sectores obrero–patronales y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se hizo el planteamiento de considerar los tiempos para llevar a cabo la regularización de las empresas en materia de subcontratación, atendiendo a la situación de emergencia sanitaria que a la fecha se encuentra atravesando el país. En ese tenor, celebramos la sensibilidad del Senador Ricardo Monreal y de la Senadora Kenia López Rabadán ante la intención de proponer iniciativas que amplíen el plazo para la plena implementación de la reforma. Para ello, les solicitamos que la ampliación planteada sea tal que se homologue el plazo al 1 de enero de 2022 con la finalidad de que tanto el sector público como el sector privado podamos cumplir cabalmente con las medidas contenidas en la reforma aprobada.5 Nuestro llamado En COPARMEX sabemos que el diálogo es el motor para lograr acuerdos favorables y sólidos. Las empresas queremos cumplir con nuestras obligaciones legales pero también con nuestra responsabilidad con el bienestar de los trabajadores. Por ello requerimos de la autoridad sensibilidad y disposición para contar con las condiciones materiales, jurídicas y racionales que nos permitan lograrlo. Hacemos un llamado al Poder Legislativo y al Ejecutivo para que los artículos transitorios de la reforma sean ajustados, evitando así que 3.1 millones de trabajadores queden en el limbo y en estado de indefensión, ya que ésta podría ser la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la STPS. La justicia social debe tener como uno de sus pilares la posibilidad de acceder a empleos formales, dignos y bien remunerados que hoy ante el difícil contexto por la pandemia son tan necesarios. Ampliar y homologar los plazos concedidos en los transitorios de la reforma permitirá contar con la flexibilidad suficiente para que desde el sector empresarial sigamos poniendo nuestro granito de arena para salir adelante